Ante las preguntas de algunos vecinos de Otura, que han visto cómo su recibo anual del IBI ha sufrido una variación importante, desde el Consistorio se explican a los afectados los motivos de este cambio
La variación sufrida por algunos vecinos en la cantidad de su recibo del IBI tiene una explicación. Este cambio sustancial sólo se ha detectado en los recibos en los que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la labor de inspección que ha llevado a cabo entre los años 2013 y 2016, ha descubierto alguna irregularidad, reforma o ampliación en el inmueble que no ha sido declarada en el Catastro.
Es importante resaltar que desde el actual equipo de Gobierno no sólo no se ha aprobado ninguna subida del IBI en el municipio de Otura en 2016, sino que se mantiene congelado.
Los ayuntamientos tienen la potestad de regular el porcentaje aplicable al IBI y éste fluctúa, según el municipio, entre el 0,40 -que es el mínimo legal- hasta el 1,30, que es el máximo.
El IBI de Otura se mantiene en el 0,63 del valor de la vivienda, siendo uno de los municipios de la provincia que se permanece en el tramo bajo de este impuesto.
La medida de inspección llevada a cabo desde el Gobierno español responde a un plan de regularización catastral que se puso en marcha en el año 2013. Su objetivo no es multar las construcciones ilegales, sino aflorar los inmuebles que no están tributando de forma correcta. Sus directrices vienen marcadas desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General del Catastro, y nunca por este Ayuntamiento.
El proceso se viene ejecutando por fases. La lista de las localidades que se revisan en cada una de ellas se publica antes en el Boletín Oficial del Estado. El plan continuará aplicándose durante todo el 2016 y, previsiblemente, en el primer semestre del año 2017.
Con todo ello, la regularización catastral ha implicado el pago de una tasa de 60 euros, la adecuación del recibo del IBI a las características actuales de la vivienda y el abono de los atrasos de los últimos cuatro años.
En el caso de la provincia de Granada, y para los inmuebles que ya han sido revisados, se ha traducido en un incremento medio de 132 euros en el recibo y un pago de 273 euros en concepto de atrasos.
Los controles han consistido en un rastreo desde el aire con satélite y drones, lo que permite obtener imágenes que después se cotejan con los datos que obran en poder de los ayuntamientos y los obtenidos a través del ‘trabajo de campo’ de los técnicos del Catastro.
La tasa que tiene que abonar el titular de la vivienda en la que se ha detectado alguna reforma o ampliación no declarada en el Catastro es de 60 euros, pero esta recaudación es íntegra para el Estado. No es una multa, sino una tasa destinada a financiar los trabajos de inspección, entre los que se incluyen fotos aéreas.
De esta forma, no se multa, pero sí se ajusta el recibo a los valores del IBI actuales en el próximo ejercicio, y en los cuatro ejercicios anteriores ya que no han prescrito, es decir 2015, 2014, 2013 y 2012.
En la provincia de Granada, 85 municipios han sido terminados de revisar, con casi 650.000 inmuebles revisados, y se han detectado más de 46.000 irregularidades en inmuebles de la provincia y un incremento medio en el IBI de 405 euros.
El Ayuntamiento de Otura recomienda a los vecinos afectados por la medida llevada a cabo desde el Gobierno Central, si así lo desean, que para poder afrontar el pago más cómodamente soliciten un fraccionamiento del pago ante el Servicio Provincial Tributario, cuya sede se encuentra en la Plaza de la Mariana de la capital granadina.
Gráfico de la repercusión en la provincia de Granada de la medida tomada por el Gobierno